Millonarios bienes garantizan fianza de Carlos Pólit en Miami; en Ecuador casi no tiene nada

El excontralor fue condenado en Ecuador por el caso Odebrecht y debe pagar una reparación de $ 40,4 millones al Estado.

La justicia ecuatoriana tardó casi cinco años en emitir el mandato para ejecutar la sentencia contra Carlos Pólit, de 71 años, orden que difícilmente se podrá cumplir. El excontralor del Estado fue condenado a seis años de cárcel y a pagar 40,4 millones de dólares como reparación, por concusión, es decir, por pedir sobornos a cambio de favores, dentro del caso Odebrecht.

Ese monto corresponde al cuádruplo de lo que, según la sentencia, Pólit había recibido de Odebrecht: 10,1 millones de dólares.

Pidió esas coimas para desvanecer varias glosas por los problemas en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco y para no emitir otras sanciones económicas relacionadas con los proyectos Manduriacu, el trasvase Daule Vinces, el poliducto Pascuales Cuenca y la Refinería del Pacífico.

El proceso judicial comenzó en agosto de 2017, cuando Pólit ya se encontraba en Estados Unidos. La sentencia de primera instancia se dictó en julio de 2018 y entró en vigor tres años después, luego que se despacharon todos los recursos y pedidos. Y recién en mayo de este año, un Tribunal emitió el mandato para que la sentencia se ejecute, dándole cinco días a Pólit para que pague los 40,4 millones de dólares, orden que no se cumplió.

Ahora, las autoridades deben determinar qué bienes tiene Pólit en Ecuador para incautarlos, pero difícilmente llegarán a cubrir los 40 millones.

Al momento, la Procuraduría ha identificado una suite, un parqueadero y una bodega en el Swissôtel, de Quito. Según el catastro municipal, esos bienes tienen un valor de 81.740 dólares. En esa suite, Pólit recibió 6 millones de dólares en efectivo de parte de José Conceição Santos Filho, según la sentencia. El resto de los sobornos se entregaron a través de transferencias internacionales.

Entre sus pruebas, José Santos presentó un audio de una conversación con Pólit, que se hizo público en agosto de 2017.

En la última declaración juramentada que presentó como funcionario público, en 2017, Pólit registró esa suite, un terreno en Guayas, dos cuentas bancarias en Ecuador y una deuda por cobrar. Estos activos sumaban 175.000 dólares, una minucia frente a lo que tiene que reparar al Estado.

Pólit no declaró ninguna propiedad en el exterior. Sin embargo, cuando la Fiscalía lo acusó, dejó sentado que Pólit tenía un departamento en Miami, acciones en la empresa Tecnocarga Express and Travel, Inc., de Florida (Estados Unidos), y cinco cuentas bancarias en ese mismo país.

La situación es diferente en el proceso judicial que Pólit tiene en curso en Estados Unidos. Fue detenido el 28 de marzo de este año, acusado de lavado de activos producto de sobornos que alcanzaron los 8 millones de dólares, la mayor parte provenientes de Odebrecht.

Para recuperar la libertad, los hijos de Pólit entregaron como fianza trece propiedades valoradas en un total de 11,7 millones de dólares. Además, quince familiares del excontralor firmaron una garantía por 14 millones de dólares.

Esto no se podría dar en Ecuador, en un caso judicial de esa magnitud. En las leyes ecuatorianas hay una figura similar a la fianza que se denomina caución, pero solo puede ser aplicada en delitos cuya pena máxima no supere los cinco años de cárcel, explica Homero Cepeda, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Las Américas. Es decir, no se puede aplicar en casos de peculado, lavado de activos o asociación ilícita.

Alecksey Mosquera ofreció un carro como reparación

Otro de los casos por los millonarios sobornos pagados en Ecuador por la constructora Odebrecht fue el del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera y es el que más rápido se ha tramitado. El proceso se inició en abril de 2017, la sentencia se emitió casi un año después y el mandato para su ejecución se resolvió en noviembre de 2020. Dos años y medio de trámites.

Mosquera fue condenado a cinco años de cárcel; mientras que su padre, Antonio Mosquera Salcedo, y su tío político, Marcelo Endara Montenegro, recibieron tres años. En tanto que el juicio en contra de Santiago Játiva, socio de Antonio Mosquera, está suspendido pues se encuentra prófugo.

A los tres sentenciados se les impuso una multa de 2 millones de dólares como reparación al Estado, que corresponde al doble de lo que Alecksey Mosquera recibió de Odebrecht como soborno a cambio de que garantizara el financiamiento público para la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón.

Según la sentencia, Odebrecht transfirió la coima de un millón de dólares a una cuenta bancaria en Andorra, un paraíso fiscal europeo, que estaba a nombre de la panameña Tokyo Traders S. A. Desde ahí se pasó a otra cuenta, también abierta en Andorra, a nombre de otra empresa panameña, Percy Trading Inc. Estas operaciones se hicieron con ayuda de Marcelo Endara.

Parte de ese dinero sirvió para comprar maquinaria para las empresas ecuatorianas Autoservicios S. A. (de Alecksey Mosquera) y Truenergy S. A. (de Antonio Mosquera y Santiago Játiva). Con el dinero de la coima también se hicieron transferencias bancarias a favor de estas dos compañías nacionales, pero el capital volvió a salir a otra empresa panameña, Marviland Investments S. A., que controlaba Endara.

La orden de ejecución de la sentencia estableció que los 2 millones de dólares de reparación debían ser divididos en tres partes iguales entre Alecksey Mosquera, su padre y su tío político.

Alecksey Mosquera ofreció entregar un automóvil del año 2010 y propuso llegar a un acuerdo para que, cuando tenga trabajo, él entregue el 25 % de su salario hasta cubrir la reparación en un plazo máximo de quince años.

Antonio Mosquera, en cambio, declaró en el proceso que es un octogenario sin bienes y con tres juicios por insolvencia, y que no tiene con qué cubrir la obligación.

En el expediente no hay una contestación de Endara a la orden de ejecución. En el catastro del Municipio de Quito consta como propietario de un departamento en un conjunto habitacional ubicado en el sector de El Inca, en el norte de la ciudad, valuado en 51.400 dólares. EL UNIVERSO visitó ese lugar y preguntó por Endara. El guardia lo contactó por el conmutador del condominio y atendió una señora que aseguró: “Marcelo está mal y no puede hablar del tema”.

Una sentencia aún no está en firme

Junto con el juicio por asociación ilícita, en el que fueron procesados la mayoría de quienes participaron en esta red de corrupción, la Fiscalía abrió tres casos por lavado de dinero en contra de algunos de ellos. En dos, los señalados quedaron libres de responsabilidad. Solo un caso prosperó hasta la sentencia.

Este proceso se centró en la participación de las empresas ecuatorianas Diacelec S. A. y Conacero S. A., que según las investigaciones judiciales ayudaron a Odebrecht a obtener efectivo para pagar los sobornos.

Un tribunal emitió una sentencia, que luego fue modificada en la apelación. Al momento se han dispuesto siete años de cárcel contra Édgar Arias (ya fallecido) y tres años y medio contra otros tres implicados: un socio y dos exempleadas de Diacelec.

En la apelación se concedió la suspensión condicional de la pena a estos tres sentenciados. Esto implica que, en lugar de cumplir cárcel, deben residir en sus domicilios, no salir del país sin permiso judicial y presentarse ante la autoridad judicial cada mes.

Además, en la sentencia se fijaron 29,2 millones de dólares como reparación, el doble de la cantidad lavada. La mayoría corresponde a los montos que ingresaron a las cuentas de Diacelec y Conacero, 23,4 millones de dólares en total. Estas empresas fueron declaradas como responsables en primera instancia, pero quedaron absueltas en la apelación. Ambas siguen activas.

La forma en que se aplicará la reparación se conocerá solo después de que la sentencia esté ejecutoriada y para eso falta un largo trecho judicial.

El edificio donde funcionaba Diacelec está valorado en 1,3 millones de dólares, según el catastro municipal de Quito. Como propietario consta el Fideicomiso EDAR, donde Édgar Arias aún está registrado como beneficiario. En el inmueble ahora funciona una funeraria.

Se desconoce si será posible recuperar los 105 millones de dólares de las reparaciones ni cuándo culminará el resto de las investigaciones iniciadas. Hay mucho escepticismo al respecto. El caso Odebrecht marcó un quiebre en el país, pues ha sido la primera vez que un vicepresidente de la República y otros funcionarios de alto rango pudieron ser juzgados por sobornos para la realización de obras públicas. (el universo.com)