El diagnóstico ya es conocido. La corrupción en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil impide que los afiliados reciban fármacos, que accedan a cirugías y exámenes a tiempo o que sigan sus terapias.
La Fiscalía y la Contraloría General del Estado han detectado que el problema se enquista en las cuatro fases del proceso de contratación pública. Son, al menos, ocho rutas de irregularidades, desde favorecer a proveedores no calificados hasta actas de entrega fraudulentas, de insumos pagados que nunca llegaron a las bodegas, etc.
En este mes la Contraloría confirmó más de USD 8,6 millones en glosas por anomalías en la compra realizadas entre 2014 y 2019. Solo en un proceso hubo un sobreprecio del 992%.
Por su parte, la Fiscalía registra 25 denuncias que apuntan al Teodoro Maldonado en los últimos ocho años. El 48% es por presunto peculado, por la apropiación de dineros públicos. Del total de casos, 17 están en indagación previa.
Una cura que no se aplica
Mientras una clínica privada adquirió una prótesis de hombro en USD 4 000, el Teodoro Maldonado Carbo pagó USD 20 000. El contrato, firmado en 2019 para el área de Traumatología, tuvo un sobreprecio de USD 1,4 millones y la semana pasada cuatro implicados fueron llamados a juicio.
Este es uno de los cuatro casos ligados al hospital del IESS a cargo del fiscal César Suárez. En sus investigaciones ha identificado desde bodegueros que emiten informes de stock cero para crear una falsa necesidad de compra, hasta estudios de mercado hechos por los mismos proveedores para beneficiarse con altos montos.
Aunque la contratación implica a varios actores, Suárez dice que el epicentro de la corrupción está en el departamento de Compras Públicas. “La solución es que reestructuren esa área o, al menos, que cambien al personal de departamento”. Algunos funcionarios investigados siguen trabajando.
La ruta de las irregularidades se abre paso por las fases de contratación: preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución. En las dos primeras etapas se incurre en calificar a proveedores que no cumplen requisitos básicos. Por ejemplo, uno de los contratos se adjudicó a una empresa dedicada a la venta de productos de papelería. (www.elcomercio.com)