El informe sugiere «enjuiciar políticamente al presidente» por «delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública: cohecho, concusión y peculado».

Una comisión anticorrupción del Congreso de Ecuadorrecomendó el miércoles (01.03.2023) iniciar un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción.

El informe que produjo «recomienda enjuiciar políticamente al presidente» por «delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública (cohecho, concusión y peculado)» en el marco del denominado caso «Encuentro», señaló la Asamblea Nacional en un comunicado.

La comisión que investigó el caso se formó a raíz de que el portal La Posta revelara en enero una supuesta estructura de corrupción montada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso, en empresas públicas.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha salido a dar la postura del Ejecutivo. Denuncia que, en el fondo, el informe “es un acomodo de retazos y rectificaciones en el que han dejado afuera a personajes que debían ser investigados”, dijo en referencia a que el documento aprobado menciona hechos en los que participaron miembros del correísmo y que sus nombres no aparecen en el informe, además, que el documento cita información publicada en Twitter por un medio digital que después fue desmentida por su autor y pidió disculpas por la falta de rigurosidad en el proceso de verificación.

La tensión entre una Asamblea, dirigida por una mayoría opositora correísta, y el presidente Guillermo Lasso crece ante la posibilidad de un juicio político. Resurge la idea de la muerte cruzada o disolución de la Asamblea.

La Corte debe revisar la parte formal del pedido de juicio político que la Asamblea piensa presentar. De la decisión de la Corte dependerá en gran medida lo que pase más adelante. Si la Corte Constitucional decide avalar el juicio político, quedan dos posibilidades: Que la Asamblea consiga los 92 votos necesarios para censurar y destituir a Lasso, con una de las causales esgrimidas en el informe del caso Encuentro. Que el Presidente decida, durante el periodo de más de un mes que tomaría el juicio político, aplicar la llamada muerte cruzada, con lo que puede disolver la Asamblea. Cualquiera de los dos escenarios marcaría el inicio de una crisis política, con consecuencias en el ámbito económico.

La muerte cruzada

Aunque el escenario para el presidente Lasso es complejo, aún tiene sobre la mesa una carta que puede usar: la muerte cruzada o la disolución de la Asamblea Nacional. Una opción ha venido barajando desde junio del 2022, cuando la Asamblea ya intentó destituirlo durante el paro nacional.

Según la Constitución, el Presidente puede invocar la muerte cruzada cuando:

  • A su juicio, la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
  • Si, de forma reiterada e injustificada, la Asamblea obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
  • Por grave crisis política y conmoción interna.

Lasso tiene dos ventajas para controlar la situación. La primera es que no hay ningún artículo que le impida invocar la muerte cruzada si hubiere en proceso un juicio político en su contra. Lo podría hacer, por ejemplo, después de que exista un dictamen de la Corte Constitucional.

La segunda, que las dos últimas causales para aplicar la disolución de la Asamblea no necesitan pasar por el filtro de la Corte Constitucional.

Si Lasso llegara a invocar la muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe llamar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

En los meses que corran antes de los comicios, el Presidente se queda y podría gobernar mediante decretos-leyes. Y, si lo desea, Lasso podría postularse para la reelección, algo que de momento no ha descartado.