La crisis carcelaria en el país ha tocado fondo. Los males del sistema abrazan la sobrepoblación, la falta de personal, la violencia agudizada, y la lista puede continuar.

Sin embargo, poco se habla sobre el acceso a los servicios básicos de salud mental dentro de las instituciones penitenciarias. De hecho, el eje de rehabilitación psicológica, según organizaciones dedicadas a defender y promover los derechos de personas en contextos de encierro, es casi inexistente.

Las cifras dan pistas de la problemática, hasta septiembre de 2021 según la DINASED, se han registrado 19 suicidios. Mientras que, en el año anterior 27 privados de libertad se quitaron la vida.

Durante el año pasado, en el Centro Regional Sierra Centro, en Cotopaxi, el privado de libertad Oswaldo Z. fue encontrado ahorcado en el pabellón de máxima seguridad. Hace menos de un mes, el pasado 11 de septiembre, en cambio en el Centro de Rehabilitación Bellavista, en Santo Domingo, dos reos fueron hallados sin vida. Las autoridades lo registraron como presuntos suicidios.

Para Emilio Salao Sterck, psicólogo clínico que ha trabajado con privados de libertad y forma parte de la Alianza contra las Prisiones, señala que la problemática del suicido dentro de las cárceles se le ha dado la espalda «es una realidad que no ha sido tratada con suficiente seriedad, se ha contabilizado, pero el tratamiento de la depresión dentro del sistema penitenciario no se ha tratado».

A ello se suman las dudas ¿cómo saber si la muerte fue en verdad un suicidio? Vianca Gavilanes, abogada y coordinadora de destión de la Fundación Dignidad, expone que «a nivel penal muy pocos casos de suicidio en general se investigan y en prisión no llegan a Fiscalía nunca a investigarse, y queda un subregistro, absolutamente nadie se hace responsable de estos casos», resalta.

La otra prisión

Bajo las condiciones dramáticas que vive la población carcelaria, expone Gavilanes, los reclusos son un grupo de alto riesgo y en constante vulneración psicológica.

Por ello, desde la fundación han impulsado dos Hábeas Corpus para que puedan acceder a este servicio de salud, pero a pesar del dictamen favorable del juez no se ha cumplido «lo que señala el centro es que no tienen los suficientes funcionarios para poder cumplir la disposición judicial, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que es un eje importante para la rehabilitación».

Es que en 13 años, la población penitenciaria nacional ha tenido un incremento de 194%. En ese sentido, Salao urge reducir el hacinamiento para poder brindar atención médica apropiada, pues y añade que en condiciones actuales debería existir al menos un psicólogo para 20 reos.

Asimismo, para el experto otro de los factores que agudiza los riesgos psicosociales es la falta de sentencia. A mayo de 2021, el 38,85% de los PPL tiene orden de prisión preventiva. De hecho, según la OMS los detenidos en espera de juicio tienen una tasa de intentos suicidas de aproximadamente 7.5 veces más alta con respecto a la población general fuera de prisión.

(ECUAVISA.COM)