Tras un juicio de cuatro días a puerta cerrada, un tribunal nicaragüense declaró culpables de «conspiración» contra el Estado a cuatro sacerdotes católicos, que el año pasado estuvieron retenidos en la Curia Episcopal de Matagalpa por 15 días. También fueron imputados bajo el mismo cargo dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de la mencionada ciudad en el centro del país. Su sentencia se conocerá el próximo febrero y la Fiscalía pide 10 años de cárcel en su contra.
La represión del Gobierno de Daniel Ortega no cesa. En una de sus últimas acciones contra cualquiera que muestre oposición a su Administración, cuatro sacerdotes católicos fueron declarados culpables de «conspirar» contra el Estado.
El fallo fue dictado el jueves 26 de enero por la jueza del Distrito Penal de Juicios, Nadia Tardencilla, quien determinó que los acusados supuestamente confabularon con el objetivo de «cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad».
Los religiosos afectados son Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la Universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrio Cano; y el diácono Raúl Antonio Vega.
También fueron imputados en el mismo caso los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el camarógrafo de la Diócesis de la ciudad de Matagalpa, en el centro del país, Sergio Cadena Flores.
Se trata de las personas que en agosto de 2022 estuvieron retenidas por la Policía, junto al obispo Rolando Álvarez durante dos semanas, en su curia, para investigarlo por intentar «desestabilizar» el país.
Los hechos ocurrieron días después de que Álvarez denunciara el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y demandara al Gobierno respeto a la «libertad» religiosa.
Entonces, la Policía anunció que la Diócesis del obispo estaba siendo investigada por intentar «organizar grupos violentos» e incitar al «odio» para «desestabilizar al Estado de Nicaragua».
Monseñor Álvarez permanece en prisión domiciliaria y también fue enviado a juicio.
Está previsto que la sentencia en contra de las siete personas declaradas culpables esta semana sea dada a conocer el próximo 3 de febrero. Sin embargo, la Fiscalía pide 10 años de cárcel en su contra.
Con EFE y medios locales
