Este viernes, 9 de diciembre, Daniel Salcedo Bonilla dejó la Cárcel 4 de Quito o Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha N.º 2, donde estaba detenido.
Esto, después de que el juez Simón García Tello, de la Unidad Judicial Multicompetente en Materias No Penales y Adolescentes Infractores con sede en el cantón Paján, provincia de Manabí, dispusiera su libertad.
El juez consideró que en cinco procesos penales hay ya caducidad de la prisión preventiva.
A través de la cuenta de Twitter del medio La Historia circuló un video en el que aparece Salcedo junto con quien sería su abogado.
“Lo que se ha hecho con el señor Salcedo es obtener una libertad constitucional totalmente legal. No se ha violentado ningún procedimiento. Y el señor ya en estos momentos está gozando de su libertad en un sitio a buen recaudo, por precautelar la vida del señor Salcedo”, expresa en un breve video quien sería su abogado.
La salida de Salcedo Bonilla de ese centro de privación de la libertad, que se ubica en el norte de Quito, se produjo en horas de la tarde, entre las 14:00 y las 15:00, según trascendió.
Peculado, fraude procesal, delincuencia organizada y lavado de activos son algunos de los casos en los que supuestamente ha estado involucrado.
Había sido detenido en junio de 2020. Estuvo en el Centro de Privación Provisional de la Libertad (CPPL) El Inca, en el norte de Quito.
Fue trasladado hasta el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones Quito N.º 4 o Cárcel 4. También estuvo detenido en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi.
Es uno de los principales involucrados por las autoridades ecuatorianas en delitos de corrupción durante el pico de la pandemia del COVID-19, en el 2020, en Ecuador.
En torno a la decisión de un juez de disponer la libertad de Daniel Salcedo por considerar que existe caducidad en la prisión preventiva, la Fiscalía General del Estado (FGE) se pronunció este sábado 10 de diciembre de 2022.
Mediante un comunicado, la institución enfatizó que sobre el mencionado ciudadano pesan tres sentencias condenatorias.
Recordó el proceso por peculado contra Salcedo, en el denominado caso «fundas para cadáveres«, en el que se le impuso una pena privativa de libertad de trece años.
Asimismo, menciono la condena de cuatro años de prisión por fraude procesal.
Con eso antecedentes, la FGE manifestó su rechazo a la decisión del juez Simón Oswaldo García Tello, titular de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Paján, cantón de Manabí.
«Tomando en cuenta que la misma se traduce en una mala interpretación de la normativa legal vigente, debido a que al haberse emitido una sentencia en primera instancia, los tiempos de la prisión preventiva dejan de aplicar», apuntó la institución.
Además, indicó que este caso se ha repetido en otras ocasiones, pero que luego de las apelaciones correspondientes «se han revertido dichas decisiones«.
Por último, la Fiscalía hizo un llamado a los administradores de justicia para que, en respeto a los derechos de las víctimas, aplique de forma objetiva la ley.
De su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, declaró ante los medios que «estamos en un Estado de derecho y nosotros (el Gobierno) tenemos que respetar las decisiones judiciales, nos guste o no nos guste».
Sin embargo, aclaró que no comparte la resolución del magistrado, al recalcar el «trabajo enorme» que hizo la Policía Nacional en los procesos investigativos. También confirmó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) presentará un reclamo ante el Consejo de la Judicatura.
