Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador negó este viernes un recurso de hábeas corpus solicitado por el expresidente Lenín Moreno (2017-2022) para ser exonerado de presentarse periódicamente en el juzgado que analiza la acusación en su contra por presunto cohecho en el caso Sinohydro.

El exmandatario, que reside en Paraguay, donde ejerce de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, había esgrimido que la obligación de viajar para presentarse cada dos semanas implica riesgos para su salud.

Sin embargo, el tribunal de la Sala Especializada de Lo Laboral negó la garantía solicitada tanto por el expresidente como por su esposa, Rocío González, al señalar que argumentaron elementos de orden procesal penal y no de carácter constitucional, según detalló la CNJ en un comunicado.

Asimismo, los magistrados consideraron que el régimen de comparecencias periódicas dictado a Moreno y su esposa no constituye un trato atentatorio a su integridad personal, pues les eximió de ingresar en prisión provisional al tener en cuenta que son mayores de 65 años y que presentan una condición vulnerable.

Tanto Moreno como González están acusados por la Fiscalía General del Estado de presuntamente haber recibido sobornos en el caso Sinohydro y pendientes de que el juez Adrián Rojas, de la CNJ, decida si abre juicio contra ellos.

Al término de la formulación de cargos, el magistrado dictó que tanto el exmandatario como su esposa debían seguir el proceso en régimen de comparecencia periódica.

En total son 37 los acusados en este caso donde la Fiscalía estima que la empresa estatal china Sinohydro pagó en torno a 76 millones de dólares en supuestos sobornos.

El caso estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).

El exgobernante ha negado tajantemente esa denuncia y ha sugerido que esta obedece a una estrategia política de Correa, su principal detractor, quien reside en Bélgica y que ha sido condenado en 2020 por la Justicia ecuatoriana por cohecho en otro caso de corrupción.

También ha negado tener algo que ver con la vivienda en Alicante así como con los mecanismos con los que se financió la construcción de la central hidroeléctrica.