El alcalde de Quito, Jorge Yunda, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, son dos autoridades a las que un juez penal les ha orden uso de grillete electrónico.

La medida cautelar de uso del dispositivo electrónico de seguridad (grillete electrónico) emitida por el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhaya, contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, le convierte al funcionario municipal, investigado por el delito de peculado, en la segunda alta autoridad pública en funciones dentro de la provincia de Pichincha que recibe esa orden judicial.

Paola Pabón, actual prefecta de Pichincha y quien es procesada por una rebelión ocurrida durante las protestas sociales de octubre de 2019, viene usando grillete electrónico desde diciembre de 2019, una vez la presidenta subrogante de la Corte de Pichincha, Patlova Guerra, cambió la prisión preventiva que pesaba sobre Pabón y en su lugar dispuso el uso del grillete, la presentación periódica y la prohibición de salida del país.

El mismo Vladimir Jhaya, el 27 de agosto pasado, fue quien llamó a juicio a Pabón en calidad de autora mediata, y a Virgilio Hernández y Christian González como autores directos del delito de rebelión. Hasta el momento no se ha definido una fecha para evacuar esa diligencia.

La tarde del jueves último, Jhaya como juez ordenó no solo el uso del grillete, la presentación periódica y la prohibición de salida del país para Yunda, sino también contra la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, Linda G.; Daisy H., administradora del contrato; y Erik A. Mientras que para la actual secretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca; Jéssica C., encargada de compras públicas; y el excoordinador jurídico, Marco R., se dispuso la prisión preventiva.

Para la Fiscalía todos son responsables como autores mediatos y coautores del delito de peculado que habría existido en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 que realizó la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. Según el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, la adquisición, realizada a la empresa Salumed S. A., habría representado un perjuicio para el Estado de $ 4′226.800.

En este caso estaban ya siendo procesados, desde noviembre pasado, el exsecretario de Salud Lenín Mantilla y Alejandro V., ambos prófugos, Diego S., José M., Simón V., Enrique B. e Iván M. (eluniverso.com)