El alcalde de Quito, Jorge Yunda, recibió prohibición de salida del país, uso de dispositivo electrónico de vigilancia y presentaciones ante la autoridad como medidas cautelares tras ser vinculado al caso de presunto peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19.

Así lo determinó el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor. Esto a pesar de que la Fiscalía General del Estado había solicitado prisión preventiva.

Para Linda G., Daisy H. y Erik A, otros investigados en este caso también recibieron las mismas medidas cautelares. Mientras que para  Ximena A., secretaria de Salud del Municipio de Quito, Jéssica C. y Marco R. sí se dictó prisión preventiva.

Según informó la Fiscalía, la adquisición de estas pruebas, realizada a la empresa Salumed S. A., habría representado un perjuicio para el Estado de 4’226.800 millones de dólares.

A pesar de esta decisión publicada por la Fiscalía, el abogado Juan Pablo Albán asegura que la disposición de portar grillete electrónico no se anunció de manera oral en la audiencia. (ecuavisa.com)